La deuda silenciosa con los docentes de jornada regular en la República Dominicana
Por Victor Martir
Hablar de calidad educativa sin hablar en serio del bienestar de quienes sostienen las aulas cada día es una contradicción que el sistema necesita revisar.
Durante años hemos asociado la dignificación docente casi exclusivamente al salario: los incentivos, las pensiones, la formación continua, la seguridad social. Todo eso importa, sin duda. Pero hay otra dimensión que casi nunca entra en la conversación: el tiempo que el docente le entrega al sistema, el dinero propio que gasta para poder trabajar y las condiciones bajo las que se le exige cumplir, al pie de la letra, el calendario y el horario escolar.
Este análisis es particularmente urgente para los miles de docentes que laboran en centros de jornada regular, sobre todo aquellos que cubren ambas tandas. A diferencia de sus colegas en Jornada Escolar Extendida, enfrentan una realidad que casi nunca llega al centro del debate sobre bienestar docente.
La Ley General de Educación 66-97 ya lo estableció hace casi tres décadas. Su artículo 148 dicta que es deber del Estado crear las condiciones para que el docente alcance un nivel de vida digno y disponga de los recursos indispensables para ejercer su labor. El artículo 149 va más allá: define un verdadero sistema de «satisfactores» que incluye salario, salud y alimentación, pero también transporte, condiciones de trabajo, ubicación del centro y uso del tiempo libre.
Es decir, cuando hablamos de bienestar docente no estamos pidiendo una concesión graciosa de la administración educativa. Estamos exigiendo el cumplimiento de algo que la propia ley ya reconoció.
Una jornada que empieza a las 7:30 y termina a las 6:00
Pongamos un caso concreto sobre la mesa. Un docente de jornada regular que cubre ambas tandas suele tener este horario: de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. en la mañana, una pausa hasta la 1:30 p. m., y de ahí hasta las 6:00 p. m. en la tarde.
La cuenta es sencilla, aunque sus implicaciones no lo sean. La tanda matutina son 5 horas. La vespertina, 4 horas y 30 minutos. Sumadas, dan 9 horas y 30 minutos de trabajo diario, sin contar el traslado, la preparación de clases en casa, la corrección de trabajos, los registros o la planificación. Multiplicado por cinco días, son 47 horas y 30 minutos semanales.
Pero hay otra forma de mirar el mismo dato, quizás más honesta. Desde que ese docente entra al centro a las 7:30 de la mañana hasta que sale a las 6:00 de la tarde, han pasado 10 horas y 30 minutos de su día. La hora entre las 12:30 y la 1:30 se cuenta formalmente como pausa, pero vale la pena preguntarse cuánto de ese tiempo es realmente disponible. ¿Puede el docente volver a su casa en ese lapso? ¿Tiene dónde comer? ¿Tiene un espacio para descansar, aunque sea un momento? ¿O simplemente se queda dando vueltas cerca o en la escuela, esperando que empiece la segunda tanda?
Ahí está la diferencia entre el tiempo laboral que aparece en el papel y el tiempo real que ese trabajo le quita a la vida de una persona.
El día del maestro no empieza en la puerta de la escuela
A esas 10 horas y media hay que sumarles el traslado, algo que casi nunca entra en la cuenta. Si un docente necesita, digamos, 45 minutos para llegar y otros 45 para volver a casa, su día laboral real ya no son 10 horas y media, sino cerca de 12. Si el trayecto es de una hora en cada dirección, hablamos de 12 horas y media.
Eso significa que un docente puede salir de su casa alrededor de las 6:30 de la mañana y regresar pasadas las 7:00 de la noche, y que al llegar todavía le queden pendientes la planificación del día siguiente, las correcciones y los registros.
Por eso el bienestar docente no se resuelve preguntando solamente cuánto gana un maestro. También hay que preguntar cuánto tiempo de su vida necesita invertir para poder ganar ese salario.
A esa jornada hay que sumarle otra carga que rara vez se menciona. Las capacitaciones docentes, en su gran mayoría, se programan los sábados o en horario nocturno, fuera del horario laboral establecido. El docente que ya cumplió su jornada de 7:30 a 6:00 termina destinando además su fin de semana o sus noches a formarse, porque el sistema así lo exige para mantenerse actualizado.
A eso se suma algo aún más silencioso: muchos docentes deciden, por cuenta propia, cursar una maestría, un diplomado o incluso un doctorado relacionado con su profesión, buscando ser mejores profesionales. Lo hacen fuera de su horario de trabajo, con las tareas, lecturas y exigencias académicas que eso implica, además de las horas de docencia presencial o virtual que ya reciben. El resultado es que ese tiempo se descuenta directamente del espacio familiar y del descanso, dos cosas que ya de por sí son escasas con una jornada de diez horas y media.
En ese mismo sentido, no se puede hablar de las cargas que enfrenta el magisterio sin mencionar la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), un proceso que la propia normativa establece que debe aplicarse cada tres años, pero cuya última aplicación completa fue en 2017. Es decir, pasaron varios años más de lo previsto antes de que el sistema retomara con fuerza este ejercicio, algo que en sí mismo genera incertidumbre y ansiedad entre los docentes que llevan tiempo esperando saber cómo y cuándo serán evaluados.
Justo ahora estamos inmersos en ese proceso, con una nueva evaluación en curso que añade a la carga diaria del docente la preparación de evidencias, autoevaluaciones y la participación de distintos actores en su valoración. Es un ejercicio necesario para la calidad educativa, nadie lo discute, pero conviene tener claro que se sumó a una jornada que ya de por sí es extensa, y que su diseño e implementación merecen revisarse con calma para que no termine siendo una carga más que se le entrega al docente sin darle, a cambio, el tiempo o las condiciones para asumirla bien.
Hay además una dimensión económica que pesa todos los días. El traslado hacia el centro educativo tiene un costo real: combustible, pasaje, mantenimiento del vehículo, desgaste de neumáticos. A eso se suman las convocatorias fuera del centro habitual de trabajo, cuando un docente es citado a una capacitación, reunión o actividad institucional en otro lugar. Alguien tiene que pagar ese traslado, y con frecuencia ese alguien es el propio docente.
La pregunta es: ¿debe un trabajador financiar con su propio salario los desplazamientos que la administración le exige realizar? No se trata de cuestionar la necesidad de las capacitaciones o los encuentros institucionales, sino de que el costo operativo de esas actividades no termine transfiriéndose, en silencio, al bolsillo del docente.
Existe una segunda transferencia de costos que casi nadie contabiliza: marcadores, cartulinas, papel, tinta, impresiones, material didáctico, incluso los datos móviles para conectarse cuando la actividad lo requiere. Individualmente parecen gastos pequeños, pero acumulados durante diez meses de año escolar representan una reducción real del ingreso disponible del docente.
La Ley 66-97 establece que el docente debe contar con los recursos indispensables para ejercer su labor. Cuando las transferencias hacia las juntas descentralizadas llegan tarde o resultan insuficientes frente a la necesidad inmediata del aula, la escuela sigue funcionando porque alguien cubre esa brecha mientras tanto. Muchas veces son los directores, muchas veces son los docentes, y eso no debería normalizarse. El compromiso y vocación del docente no puede convertirse en el mecanismo informal que sostiene el financiamiento del sistema.
Los docentes de jornada regular de los que habla este artículo tampoco reciben alimentación escolar de INABIE, como parte de su jornada, ni el hecho de trabajar en la escuela les garantiza una solución de comida durante esa pausa de una hora. Tampoco el transporte escolar, pensado para los estudiantes, resuelve el traslado del personal docente.
Ahí está la paradoja: son trabajadores que pueden permanecer vinculados al centro desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, pero cuyo transporte y alimentación durante esa larga permanencia salen, en la práctica, de su propio bolsillo. No se trata de confundir las políticas dirigidas a los estudiantes con los derechos laborales del personal docente, todo lo contrario: si INABIE y el transporte escolar responden a la permanencia estudiantil, entonces corresponde pensar en una política específica de bienestar para quien cumple una jornada fragmentada en ambas tandas.
El sistema debe garantizar y exigir cumplimiento del calendario escolar. El calendario debe respetarse, el horario debe cumplirse, la puntualidad debe formar parte de la cultura institucional. Pero esa exigencia tiene una segunda parte que también hay que poner sobre la mesa: el cumplimiento debe ser recíproco. Si le pedimos al docente puntualidad, planificación, evaluación, formación continua y respeto íntegro al calendario, el sistema también tiene que garantizar, a tiempo, las condiciones materiales necesarias para que pueda cumplir con todo eso. La responsabilidad no puede correr en una sola dirección.
La Constitución dominicana coloca el trabajo en una perspectiva profundamente humana. Su artículo 62 lo define como «un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado», y establece como finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Ese principio pesa todavía más cuando el propio Estado es el empleador.
La dignidad laboral no es solo recibir un salario a fin de mes. Es trabajar en condiciones razonables, disponer de los medios para hacerlo, conservar espacio para la familia, el descanso y la vida personal, y que trabajar no obligue a nadie a financiar, con su propio bolsillo, los costos operativos de la institución para la que trabaja.
Durante años, el sistema educativo dominicano ha descansado, en parte, sobre una virtud extraordinaria de nuestros maestros: su capacidad de resolver. Cuando falta algo, aparece un docente que lo compra. Cuando hay que imprimir, alguien pone el dinero. Cuando convocan fuera del centro, el docente toma su carro o paga su pasaje. Cuando las transferencias se retrasan, la escuela sigue funcionando de todos modos.
Eso dice mucho, y bien, del compromiso de nuestros educadores. Pero institucionalmente es un riesgo. La vocación no debería convertirse en subsidio. Un sistema público no puede sostenerse indefinidamente sobre aportes invisibles que salen del salario de sus propios trabajadores.
El debate que planteamos no busca privilegios, busca equidad, y equidad no significa entregarle lo mismo a todo el mundo, sino reconocer situaciones distintas y responder a ellas de forma proporcional.
Por eso vale la pena que el país estudie una política integral de bienestar para los docentes de jornada regular, empezando por quienes cubren ambas tandas. Esa política tendría que mirar, entre otras cosas, la carga horaria efectiva, el tiempo real de permanencia asociado al trabajo, los costos de transporte, las convocatorias fuera del centro y sus viáticos correspondientes, la alimentación durante la doble tanda, la disponibilidad oportuna de materiales didácticos, el impacto de los retrasos en las transferencias de descentralización, y mecanismos reales para prevenir el agotamiento.
También convendría conocer el costo real de ejercer la profesión docente. No basta con saber el salario bruto o neto; hay que saber cuánto termina destinando un maestro cada mes a combustible, pasajes, alimentación, materiales e impresiones. Ese cálculo nos daría algo que casi nunca medimos: el ingreso docente que realmente le queda después de pagar lo necesario para poder trabajar.
No hay que caer en el falso dilema de elegir entre bienestar docente y aprendizaje estudiantil. No son intereses contrapuestos. Un maestro agotado no enseña mejor. Uno que vive preocupado por sus gastos no planifica mejor. Uno que improvisa recursos porque los materiales no llegaron a tiempo no produce mejores aprendizajes. Un maestro que trabaja desde temprano en la mañana hasta bien entrada la tarde necesita condiciones que estén a la altura de esa responsabilidad.
Defender el calendario escolar y defender el bienestar docente son parte de la misma política educativa. Podemos exigir responsabilidad, puntualidad, resultados, planificación y cumplimiento, pero precisamente porque exigimos tanto, debemos estar dispuestos a garantizar lo necesario para que ese cumplimiento sea posible.
La propia Ley General de Educación, con casi treinta años, nos dejó una fórmula que sigue vigente: dignificar al docente supone atender su salario, su salud, su alimentación, su transporte, sus condiciones de trabajo y su tiempo libre. Puede que el problema no sea que necesitemos inventar un derecho nuevo. Puede que solo necesitemos empezar a cumplir los que ya reconocimos.
No podemos hablar de calidad sin condiciones.
Este es el primer artículo de una serie. Aquí nos concentramos en la jornada regular. En el siguiente analizaremos las condiciones de los docentes de Jornada Escolar Extendida, y luego trabajaremos las condiciones laborales de coordinadores, psicólogos y directores de centro, quienes enfrentan sus propias exigencias de tiempo, formación y responsabilidad dentro del mismo sistema.
Sobre el autor:
Víctor Martír, Director del Centro Educativo Aníbal Ponce y Secretario General del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD), que agrupa a directores de las regionales y distritos educativos del país.
Deja una respuesta