Necesitamos BUROCRACIA CERO (B0) para la Comunidad Educativa

Distrito Nacional, RD

Miércoles 06 de agosto, 2025

Señor:

Luis Rodolfo Abinader Corona

Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana,

Palacio Nacional.

Con el debido respeto y con la urgencia que amerita el futuro de nuestra nación, nos dirigimos a usted como representantes de la Asociación Nacional de Directores de centros educativos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD), profundamente preocupados por el estado de nuestro sistema educativo. Reconocemos y valoramos la histórica inversión del 4% del PIB en la educación, un logro que como sociedad hemos sostenido. Sin embargo, los frutos de esta inversión no llegarán plenamente a nuestras aulas mientras un enemigo silencioso pero paralizante siga minando cada esfuerzo: la burocracia asfixiante.

Hoy le escribimos para solicitar su intervención directa y decidida en la implementación de una política de «BUROCRACIA CERO (B0) para la comunidad educativa».

La realidad diaria en nuestras escuelas dista mucho de las directrices y planes diseñados en los despachos. Existe una desconexión alarmante entre las autoridades —distritales, regionales, viceministros y hasta el propio ministerio— y la vida real de un centro educativo. Las decisiones se toman desde una lejanía que ignora las necesidades urgentes y las particularidades de cada comunidad escolar.

Esta desconexión se materializa en una burocracia que ralentiza hasta el absurdo la respuesta a las necesidades más básicas. Solicitar la reparación de un techo, la sustitución de butacas, mesas, cualquier mobiliario roto o la compra de material gastable se convierte en una odisea de formularios, oficios y sellos que puede tardar meses, años, a pesar de la buena voluntad que pueda tener la sede, si es que llega a resolverse. A esta parálisis se suma el drama de la sobrepoblación estudiantil en las aulas, consecuencia directa del lento y burocrático proceso de construcción de nuevas escuelas, que deja a miles de niños y jóvenes aprendiendo en condiciones de hacinamiento que son pedagógicamente inaceptables o en peores casos, fuera del sistema educativo en una violación al derecho constitucional a una educación de calidad .

Señor Presidente, esta carga administrativa recae de forma desproporcionada sobre los hombros de los directores y directoras de los centros. En lugar de ser los líderes pedagógicos que supervisemos la calidad de la enseñanza y apoyemos a nuestros docentes, nos hemos visto forzados a convertirnos en gestores de precariedades, dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a realizar reiteradas veces los mismos  trámites y apagar fuegos que la administración central debería resolver con agilidad. Al momento de esta carta, la mayoría de los centros educativos carecen de personal de apoyo y administrativo y donde los hay, la mayoría no es competente, lo que multiplica la carga laboral del director y diluye nuestra función esencial, que es lograr que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos adquieran aprendizajes significativos que les permitan mejorar sus vidas y aportar a nuestra nación.

A esta parálisis administrativa se suma un mal que debemos erradicar de raíz: la alta incidencia de la política partidaria en la toma de decisiones. El nombramiento y la permanencia de personal técnico y administrativo, en todos los niveles, a menudo responde a lealtades políticas y no a la competencia profesional. Esto no solo obstaculiza la posibilidad de una gestión eficiente, sino que desmoraliza al personal que sí está capacitado y comprometido, y perpetúa un sistema donde la meritocracia es la excepción y no la regla.

Este modelo de gestión centralizado y distante no solo afecta al personal, sino que también ha creado una barrera con las familias. El sistema carece de incentivos y mecanismos efectivos para que los padres, madres y tutores se integren activamente al proceso formativo de sus hijos y a la vida del centro educativo. Se les convoca para reuniones informativas, pero no se les empodera como aliados estratégicos en la educación, dejando desaprovechado el pilar fundamental del apoyo familiar.

• ¿Cómo podemos aspirar a mejorar en las pruebas PISA si nuestros directores están ahogados en papeleo y nuestras aulas sobrepobladas? 
• ¿Cómo podemos hablar de calidad educativa, tal como lo establece el artículo 63 de nuestra Constitución, si un docente no recibe los recursos a tiempo y los padres no se sienten parte del proceso? 
• ¿Cómo podemos gestionar eficazmente el 4% si la ejecución es lenta, engorrosa y está totalmente politizada?

Por todo lo anterior, solicitamos su liderazgo para impulsar una reforma valiente y transformadora:

1. Otorgar a las juntas de centros educativos una autonomía administrativa y presupuestaria real según lo establece la Ley General de Educación 66-97 en sus artículos 102, 103, 104 al 106, 123 y 124 y la orden Departamental 02-2008 para la gestión de fondos menores. Esto les permitiría resolver problemas cotidianos de manera inmediata, sin tener que esperar por aprobaciones de múltiples instancias superiores.
2. Crear una plataforma única, ágil y transparente para todas las solicitudes de los centros educativos, incluyendo un sistema de seguimiento público para los planes de construcción y readecuación de infraestructura escolar; basado en los acuerdos internacionales vinculantes a la República Dominicana, tales como agenda 2030, metas educativas iberoamericanas 2021, convenios 2017 en adelante con UNICEF, AECID 
3. Establecer y hacer cumplir rigurosamente un sistema de carrera y concurso de oposición para todo el personal, tanto docente como administrativo y de apoyo del sistema educativo a todos los niveles. Tal como lo establece la Constitución en su artículo 63, acápite 5: “Reconoce la carrera docente como “fundamental” y obliga al Estado a profesionalizar, dar estabilidad y dignidad a los docentes”. Por lo que la capacidad y el mérito deben ser los únicos criterios de selección y permanencia.
4. Diseñar e implementar un programa de incentivos condicionados a los resultados estudiantiles y la integración de los padres, madres y tutores a la enseñanza de sus hijos e hijas, que promueva y reconozca la participación activa de las familias en la comunidad escolar.
5. Iniciar la implementación del programa “Ciudades Educativas”, concebido como un modelo integral que garantiza atención educativa desde los 45 días de nacidos, conforme a iniciativas gubernamentales y del MINERD, la Ley General de Educación 66-97 y la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas ciudades estarán ubicadas en las afueras de las urbes y contarán con servicios educativos, médicos y sociales integrados. Se implementará un sistema de transporte escolar gratuito y seguro que asegure el acceso, facilite la movilidad urbana y promueva entornos de desarrollo pleno, equitativo y sostenible.
6. Garantizar que cada centro cuente con el personal administrativo y apoyo necesario y, a su vez, crear las condiciones que les permitan desarrollar sus funciones al más alto nivel. 
7. Otorgar participación y autoridad formal a los directores de centros educativos en el proceso de nombramiento del personal de apoyo y administrativo. Aunque las autoridades competentes mantengan la potestad de proponer al personal, debe establecerse como requisito que el director del centro emita una carta de aceptación donde certifique la necesidad real del recurso humano y su idoneidad para el contexto institucional. Este mecanismo garantiza mayor coherencia en la gestión del centro, fortaleciendo el principio de autonomía escolar consagrado en el Artículo 17 del reglamento de los centros educativos públicos (Ordenanza 02-2008), el cual establece que el director es el responsable de coordinar y supervisar los recursos humanos del plantel.

Señor Presidente, la burocracia no es un simple trámite molesto; es un obstáculo directo a la calidad educativa y un drenaje de los recursos que con tanto esfuerzo la sociedad dominicana destina a sus niños, niñas y adolescentes.

Le instamos a liderar esta cruzada por una BUROCRACIA CERO (B0) para nuestra comunidad educativa. Liberar a nuestros centros educativos y a todos sus actores de estas ataduras es una condición indispensable para que la inversión en educación se traduzca, finalmente, en aprendizajes de calidad para todos y todas. El futuro de la República Dominicana se construye en aulas dignas, con el apoyo de sus familias, y gestionadas de manera eficiente.

Con la esperanza de que esta carta sea el inicio de una acción contundente, le saluda, muy atentamente:

Víctor Martir

Presidente ASONADEDI-RD

Contactarnos a:
info@asonadedird.org

o al teléfono: 829-927-2670