¿Qué está pasando con nuestros niños y adolescentes, que están tan violentos?

La violencia no es de la escuela; es de la sociedad, y esta se refleja en cualquier lugar donde la sociedad convive. Lo que si está seguro es, que esto está fuera de control.

Cada día vemos casos nuevos en las noticias y en las redes sociales, donde los estudiantes agreden verbal y físicamente a compañeros, maestros y personal administrativo y de apoyo, lo que representa un grave desafío para los procesos de enseñanza-aprendizaje y un peligro cada vez mas creciente para los que decidieron trabajar en pro de la educación.

En las escuelas dominicanas, una queja permanente de los maestros y orientadores es que se agota más tiempo manejando la conducta, organizando cursos, dirimiendo y documentando conflictos y separando peleas que el tiempo que se dedica a la enseñanza.

La competencia de la escuela es desigual frente a los distractores y malas influencias que reciben nuestros estudiantes, donde se invierte más dinero privado y público en publicidad de contenido no adecuado para sus edades: reality shows con mensajes de promiscuidad y violencia, ejemplos que llaman a no valorar los estudios sino conductas inapropiadas; todo esto ante la mirada desinteresada y cómplice de una sociedad hipócrita.

¿Acaso el Estado dominicano no está en la obligación de crear mecanismos y filtros para el contenido no apropiado para los estudiantes? Diferentes países han creado legislaciones para el control del contenido en internet según rangos de edad, como España con la Ley General de Comunicación Audiovisual, Francia con regulaciones del Conseil Supérieur de l’Audiovisuel y el Reino Unido con la Online Safety Act, que establecen controles de acceso y clasificación por edades para la protección de menores.

El Ministerio de Educación cuenta con una legislación considerada por una gran cantidad de docentes como muy flexible e insuficiente, que impide a los maestros ejercer su autoridad adecuadamente, otorgando una especie de “privilegio” a aquellos estudiantes que violan las normas una y otra vez, causando la ruptura de los procesos de enseñanza, pérdida de tiempo efectivo y vulneración del derecho a una educación de calidad para los demás estudiantes.

Es necesaria una revisión sistemática de toda la normativa, desde la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes hasta los manuales de convivencia y los códigos de ética del Ministerio de Educación, no para que se violen los derechos de los niños y adolescentes, sino para que se garantice ese derecho a la mayoría que se está viendo afectada por las constantes situaciones de violencia que se presentan en la escuela.

No podemos dejar de mencionar que el lenguaje violento se propaga cada día más en la sociedad. Este lenguaje, enmascarado bajo la “libertad de expresión”, escala cada vez más a todos los niveles, confundiendo el derecho a expresarse con insultos, acusaciones infundadas y agresiones verbales, especialmente hacia las autoridades. Los docentes no escapan a esta realidad: cada día vemos más en las redes sociales insultos e improperios que sorprenden, convirtiéndose en un ejemplo negativo desde actores que deberían modelar conductas positivas, pues se aprende más con el ejemplo que con las palabras.

La ausencia de la familia es otro factor que muchos estudios citan como una de las principales causas: familias disfuncionales, principalmente sin la presencia paterna, donde las madres solteras deben trabajar arduamente para sostener a sus hijos, y donde la ausencia del padre constituye no solo una falta de referente conductual y moral, sino también económica. La Constitución establece que la familia es responsable primaria de la formación integral de sus hijos (Constitución de la República Dominicana, 2015, arts. 55 y 56).

Muchos directores citan ejemplos donde los estudiantes son inscritos por tíos, abuelos, vecinos e incluso por algún motorista que se compadece de ellos; padres que, cuando son llamados ante cualquier situación que se presenta con sus hijos o representados, no se presentan, y algunos incluso expresan que “hagan lo que quieran con ellos” o que “ya no saben qué hacer”.

Las bandas juveniles o pandillas son un factor que, aunque silente —ya sea por miedo o complicidad de la familia y la comunidad— provoca violencia tanto a lo interno como a lo externo de la escuela. Estas bandas o pandillas utilizan la escuela para reclutar jóvenes y niños, induciéndolos desde temprano en actividades delictivas y en el uso de sustancias psicoactivas que van deteriorando cada vez más su razonamiento.

La presencia de estas bandas es un secreto a voces. Se evidencian mediante saludos secretos, collares, pulseras, tatuajes, cortes de pelo y vestimentas específicas. Llama la atención que el propio Ministerio de Educación presione para que los estudiantes asistan “como quieran”, llegando incluso a amonestar a directores por intentar imponer códigos de vestimenta y cortes de pelo adecuados, lo que pareciera una contradicción institucional que esperamos responda a desconocimiento y no a otra causa.

Basándonos en lo antes mencionado, recomendamos las siguientes acciones a los docentes de los centros educativos (maestros, coordinadores, psicólogos y directores):

1. Los casos de agresiones físicas, y en muchos casos los verbales, incluyendo amenazas, deben ser canalizados hacia la justicia a través de las fiscalías de menores territoriales. Deben denunciarse para que puedan ser investigados y juzgados, ya que las normas de convivencia no contemplan sanciones mayores ante determinados casos graves.
2. Documentar todo lo ocurrido (Llenar fichas e informes) y referir las actuaciones recurrentes al departamento de Psicología, a fin de contar con expedientes robustos que permitan accionar y escalar los casos tanto al distrito como a la regional y sede central si fuese necesario.
3. Implementar estrategias activas e innovadoras para lograr la motivación de la mayoría de los estudiantes.
4. Moderar el lenguaje como docentes para no incentivar aún más conductas violentas.

La escuela no puede sola. La sociedad y las autoridades no pueden seguir lavándose las manos como Pilatos mientras la escuela carga con el peso del problema. Sin acciones puntuales del Estado —responsable de garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los menores (Constitución de la República Dominicana, 2015, art. 63)—, sin el acompañamiento de las familias y sin el compromiso de la sociedad civil, no será posible lograr avances que permitan que nuestros hijos y el personal de las escuelas convivan en un ambiente de paz.

Referencias

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2003). Ley No. 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2015). Constitución de la República Dominicana.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2013). Normas del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados. MINERD.