Por Carlos Manuel Francisco
Presidente Nacional de ASONADEDI-RD

La calidad educativa suele discutirse desde los aprendizajes, el currículo, la formación docente, la infraestructura, la tecnología y los resultados de las evaluaciones. Todos estos factores son importantes. Sin embargo, existe una condición previa que con frecuencia recibe menos atención: la institucionalidad.

La escuela es la institución del estado más cercana a la sociedad, deberíamos concebirla como el centro de las operaciones sociales del estado, como el espacio ideal para preparar al ciudadano que la sociedad requiere y como el medio para solucionar sus principales necesidades. 

Una escuela difícilmente puede alcanzar niveles sostenidos de calidad cuando las normas que deben organizar su funcionamiento se aplican de manera selectiva; cuando las responsabilidades están claramente establecidas en los documentos, pero se desconocen en la práctica; o cuando quienes tienen la obligación de dirigir, organizar, supervisar y garantizar el cumplimiento de esas normas terminan despojados de la autoridad necesaria para hacerlo.

Por eso debemos formular una pregunta que a muchos resulta incómoda, pero necesaria:

¿Cómo puede avanzar la educación si sus guías, gestores y supervisores inmediatos son despojados de la autoridad necesaria para dirigir?

La institucionalidad también educa

La institucionalidad no significa autoritarismo, tampoco consiste en otorgar poderes ilimitados a los directores; significa algo mucho más elemental: que cada integrante de la comunidad educativa conozca claramente sus derechos, deberes, funciones y límites, y que las decisiones institucionales se adopten conforme a normas previamente establecidas.

Una escuela institucionalmente fuerte no depende de quién tenga mayor capacidad de presión, quién proteste más, quién tenga mejores relaciones o quién consiga movilizar primero a determinado sector. Depende de procedimientos .

Cuando existe una denuncia contra un director, debe investigarse.

Cuando existe una denuncia contra un docente, debe investigarse.

Cuando una familia reclama, debe ser escuchada.

Cuando un estudiante denuncia la vulneración de un derecho, debe ser protegido.

Pero investigar no significa condenar anticipadamente. Esta distinción es fundamental.

Una denuncia constituye una razón para activar los procedimientos institucionales correspondientes, no una sentencia previa. Cuando las autoridades sustituyen la investigación y el debido proceso por decisiones precipitadas y prejuicios, no solamente puede cometer una injusticia contra una persona; también transmite a toda la comunidad educativa el mensaje de que las normas pueden ser desplazadas por la presión.

El director también tiene derechos

Durante años hemos defendido y debemos continuar defendiendo los derechos de los estudiantes, de las familias y del personal docente. Pero la construcción de una escuela verdaderamente democrática exige reconocer una realidad que parece obvia y que, sin embargo, muchas veces olvidamos: el director de un centro educativo también es sujeto de derechos.

Tiene derecho a gestionar sin temor a hacer lo correcto.

Tiene derecho a ser escuchado.
Tiene derecho a conocer las acusaciones formuladas en su contra.
Tiene derecho a presentar evidencias.
Tiene derecho a defender sus actuaciones.
Tiene derecho a que cualquier investigación sea objetiva.
Y tiene derecho a que ninguna sanción sea impuesta antes de concluir el procedimiento correspondiente.

Defender estas garantías no significa defender actuaciones incorrectas. ASONADEDI-RD no se convertirá nunca en refugio de la irresponsabilidad ni de la arbitrariedad, pero si en un garante del debido proceso para todos los actores del sistema educativo, especialmente de los directores. 

Si un director viola las normas, debe responder.

Si vulnera derechos, debe responder.

Si administra incorrectamente recursos públicos, debe responder.

Si incurre en faltas comprobadas, deben aplicarse las consecuencias establecidas.

Pero precisamente porque defendemos la institucionalidad debemos sostener el principio contrario con la misma firmeza: si un director es acusado, no debe ser condenado antes de ser investigado. La institucionalidad debe proteger al inocente y sancionar al responsable mediante el mismo instrumento: el debido proceso.

Cuando dirigir correctamente genera conflictos

Existe otra situación que merece especial atención.

El director tiene responsabilidades que inevitablemente implican tomar decisiones: en primer lugar, proteger a nuestros estudiantes sobre todas las cosas ya que son nuestra misión, organizar horarios, supervisar el cumplimiento del calendario y horario escolar, acompañar procesos pedagógicos, administrar recursos, exigir responsabilidades, preservar la convivencia y procurar que el centro educativo cumpla las disposiciones de las autoridades. No todas esas decisiones serán populares y aquí surge una contradicción peligrosa: no podemos exigirle resultados al director y, simultáneamente, quitarle las herramientas institucionales necesarias para producir esos resultados.

Si cada vez que un director exige el cumplimiento de una responsabilidad legítima termina sometido a campañas de descrédito, difamación e injuria, solicitudes de traslado, presiones o amenazas de remoción, incluso contra su integridad física o su vida, eventualmente aparecerá un efecto mucho más perjudicial para el sistema: directores que aprenderán que es más seguro no dirigir.

No exigir.

No corregir.

No documentar.

No intervenir.

No tomar decisiones difíciles.

No sancionar. 

No evaluar de manera objetiva.

No denunciar las acciones que identifica contra la ley.

Esa cultura del silencio administrativo puede producir una aparente tranquilidad, pero destruye progresivamente la capacidad de gestión de los centros educativos, tal como ahora ha sucedido en cientos de escuelas, donde para que exista “paz”, la dirección debe someterse completamente a elementos fuera de la normativa del sistema educativo, agachar la cabeza y hasta hacerse cómplice.

Sacar al director no puede convertirse en la primera solución

Debe llamar a preocupación la práctica de retirar, trasladar o desplazar a un director de su centro como respuesta inmediata ante determinados conflictos.

Habrá circunstancias excepcionales en las que una medida provisional resulte necesaria para proteger estudiantes, preservar una investigación o garantizar el funcionamiento del centro. Pero precisamente por su excepcionalidad debe estar debidamente fundamentada, ser proporcional, temporal cuando corresponda y respetar las garantías del debido proceso.

Convertir el traslado del director en la primera respuesta frente al conflicto genera incentivos institucionales muy peligrosos; la comunidad aprende que mediante suficiente presión puede modificar las decisiones administrativas legalmente instituidas, el personal aprende que la autoridad formal puede ser desplazada por mecanismos informales y los demás directores reciben un mensaje devastador: ejercer autoridad institucional, basado en las normas, puede poner en riesgo su propia estabilidad profesional, por lo tanto, no podemos construir liderazgo educativo sobre el miedo.

La difamación no solo destruye la moral,  también destruye escuelas

Además de los problemas psicológicos, daño emocional y efectos psicosomáticos por la presión ejercida contra los directores,  un daño que frecuentemente permanece después de concluido el conflicto: el daño de reputaciones.

Las redes sociales permiten que una acusación llegue a miles de personas antes de que la autoridad competente haya realizado una investigación mínima. Fotografías, audios, videos, nombres, memes y versiones parciales o malintencionadas pueden convertir una controversia interna en un juicio público; luego, cuando los hechos no resultan como inicialmente fueron presentados, pocas veces la aclaración alcanza la misma difusión que la acusación dejando manchada reputaciones que pueden alcanzar décadas de trabajo y dedicación.

Por estas razones, las autoridades del MINERD, las organizaciones gremiales, las APMAES, los propios directores y todos los actores del sistema debemos actuar responsablemente y apegados al debido proceso.

Una persona investigada no necesariamente es una persona culpable.

La defensa de los derechos de una parte nunca debería requerir la destrucción de los derechos de otra.

Autoridad no es autoritarismo

Debemos recuperar además el verdadero significado de la autoridad del director.

Autoridad no significa humillar, no significa perseguir, no significa imponer arbitrariamente. La autoridad del director nace legítimamente de la norma que rige los distintos niveles del sistema educativo, se ejerce mediante procedimientos establecidos y encuentra sus límites precisamente en los derechos de los demás establecidos en esas mismas normas.

Un error frecuente, es confundir participación democrática con ausencia de autoridad. Las familias deben participar. Los docentes deben participar. Los estudiantes deben participar. Los organismos deben cumplir las funciones que les corresponden. Participación y autoridad institucional no son conceptos incompatibles.

Una escuela democrática necesita participación, pero también necesita dirección.

Necesita diálogo, pero también decisiones.

Necesita derechos, pero también responsabilidades.

Necesita mecanismos para cuestionar una decisión, pero también procedimientos para hacer cumplir aquellas decisiones que hayan sido adoptadas legítimamente.

La calidad educativa necesita directores fortalecidos

El liderazgo directivo no es un elemento secundario de la calidad educativa. El director gestiona el taller donde las políticas educativas deben transformarse en acciones concretas y generan aprendizaje significativo.

Puede existir una excelente política pública gestada en la sede; pero alguien debe convertirla en horarios, planificación, acompañamiento, seguimiento, organización y resultados. Ese alguien es, junto con su equipo de gestión y la comunidad educativa, el director del centro educativo.

Por eso existe una incoherencia profunda cuando se responsabiliza al director por los resultados de la escuela mientras se debilita progresivamente su capacidad para conducirla.

No se puede exigir responsabilidad sin autoridad.

Pero tampoco debe existir autoridad sin rendición de cuentas.

Ese equilibrio es el que necesitamos recuperar.

No pedimos privilegios; exigimos institucionalidad

La posición que defendemos desde ASONADEDI-RD no es impunidad para los directores, exigimos algo mucho más legítimo y beneficioso para todo el sistema educativo: reglas claras y aplicadas para todos.

Que una denuncia sea investigada.

Que las evidencias sean examinadas.

Que las partes sean escuchadas.

Que las medidas provisionales sean excepcionales y fundamentadas.

Que las decisiones sean motivadas.

Que existan mecanismos de revisión.

Que quien haya cometido una falta responda por ella.

Y que quien haya actuado correctamente sea protegido por la misma institucionalidad a la que sirvió.

Esto protege al director, pero también protege al docente, al estudiante, a la familia y al propio Ministerio de Educación.

Recuperar la institucionalidad para recuperar la escuela

La educación dominicana enfrenta enormes desafíos. Necesitamos mejorar los aprendizajes, recuperar tiempo pedagógico, fortalecer la convivencia, modernizar la infraestructura, incorporar tecnología y garantizar que nuestros estudiantes permanezcan y aprendan en las aulas.

Pero ninguna inversión y ninguna transformación será sostenible si las escuelas funcionan dependiendo de relaciones personales, presiones circunstanciales o decisiones improvisadas.

La escuela debe volver a ser un espacio gobernado por las leyes, las normas, procedimientos, respeto, responsabilidades y consecuencias.

Las autoridades y la comunidad deben comprender que nuestra autoridad procede de la responsabilidad que hemos asumido y que está respaldada y limitada por la ley.

Los docentes deben encontrar en la dirección acompañamiento y liderazgo, no persecución.

Las familias deben encontrar puertas abiertas para participar y reclamar sus derechos.

Los estudiantes deben encontrar adultos capaces de protegerlos y una institución que funcione.

Y las autoridades educativas deben garantizar que los conflictos se resuelvan mediante procedimientos institucionales, no mediante la fuerza circunstancial de los sectores enfrentados.

Porque cuando debilitamos injustamente al director no debilitamos solamente a una persona. Debilitamos la dirección de la escuela.

Y cuando la dirección pierde capacidad para organizar, acompañar, supervisar y tomar decisiones, finalmente quien paga las consecuencias es el estudiante.

La República Dominicana necesita directores que rindan cuentas, pero también necesita directores respaldados para cumplir su responsabilidad.

Necesitamos autoridad con límites.
Participación con responsabilidad.
Supervisión con garantías.
Disciplina con debido proceso.
Y derechos para todos, sin excepciones

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Ese es el camino de la institucionalidad, y sin institucionalidad, difícilmente podremos hablar de una educación de calidad en República Dominicana por más recursos y políticas que se inyecten al sistema educativo.

Carlos Manuel Francisco
Presidente Nacional ASONADEDI-RD
Compromiso, unidad y trabajo